MVA ASOCIADOS. Montalvo Villaseñor Abril

Real Decreto-Ley 8/2013: Novedades en el Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores y otras medidas de liquidez

2013-07-01
En el BOE del 29 de junio se ha publicado el Real Decreto- Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (RDL 8/2013), con el que pretende darse un paso definitivo para la regularización de la deuda comercial de las Administraciones Públicas, eliminando la morosidad actual y con la perspectiva de la implantación de nuevas medidas de carácter estructural que la eviten en el largo plazo.

De hecho, ya se encuentran en tramitación varias normas al objeto de permitir una mayor disciplina en materia de pagos a proveedores, controlando el plazo en que se efectúan los pagos, centralizando la gestión de las facturas e incrementando la supervisión (factura electrónica, registro contable, indicador del periodo medio de pagos, etc.).

Como paso previo y último antes de la puesta en marcha de esas medidas estructurales, el RDL 8/2013 regula la tercera fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, tras las operadas a través de los Reales Decretos-Leyes 4/2012, 7/2012 (1ª fase) y 4/2013 (2ª fase) en la que se amplía el plazo de reconocimiento de las obligaciones a 31 de mayo de 2013, se amplían los ámbitos subjetivo y objetivo del mecanismo y se incluyen medidas para el acceso de información a subcontratistas de los proveedores afectados.

Además, introduce otras medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a la liquidez de aquellos municipios en situaciones de especial dificultad, ante la evidencia de la necesidad de algunas entidades de que se arbitrasen medidas singulares para salir de una situación estructuralmente crítica.

Finalmente, la Disposición Adicional quinta del RDL 8/2013 introduce modificaciones al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público1 (TRLCSP) en materia de contratación centralizada, de acuerdo con algo ya planteado por el Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA).

1. Ampliación del ámbito subjetivo.
La nueva fase del mecanismo incluye algunas novedades en este aspecto2. La principal es que ahora se incluyen todas las entidades públicas dependientes de las Administraciones territoriales, e incluidas en el sector público de acuerdo con las normas del SEC-953, con lo que se equipara la situación de las entidades del sector público local con el autonómico4.

En igual sentido se produce la inclusión de las Universidades públicas dependientes de las Comunidades Autónomas, que se incorporarán al mecanismo como parte de la Administración de la que dependen. Asimismo, se incluyen los consorcios íntegramente locales que no hayan entrado en disolución.

2. Ampliación del ámbito objetivo
En el propósito de cubrir las deficiencias observadas en anteriores fases del mecanismo, que excluían gran parte de la actividad administrativa que, sin embargo, afectaba a un gran número de empresas, muchas de ellas en situación crítica por el impago de las Administraciones, el RDL 8/2013 amplía notablemente el ámbito objetivo del mecanismo.

Hasta ahora, éste se extendía a las obligaciones pendientes de pago con proveedores vencidas, líquidas y exigibles, derivadas únicamente de los contratos típicos de la legislación de contratos del sector público (incluidos los de sectores excluidos de la competencia).

En esta nueva fase permite la regularización de obligaciones, debidamente contabilizadas y reconocidas en el presupuesto, nacidas de otras relaciones, incluyendo las obligaciones derivadas de la relación mantenida por las Administraciones con otra Administración, o con entidades y organismos dependientes de cualquiera de ellas, lo que puede tener una especial importancia para las Entidades Locales al incluirse las transferencias de las Comunidades Autónomas a aquéllas hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012 (art. 9).

Asimismo, se incluyen los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, incluidos aquellos suscritos con entidades públicas cuando se trata de entidades que no consolidan con el balance de su Administración matriz, de acuerdo con SEC-95.

También se incluyen las obligaciones pendientes de pago a este tipo de entidades y que derivan de encomiendas de gestión efectuadas por las Administraciones, siempre que aquéllas tengan la condición de medio propio de éstas.

Por otra parte, se incluyen las subvenciones otorgadas a los contratistas como bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios gestores de bienes o servicios públicos, y que permiten un pago menor por el uso de los mismos; las subvenciones a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación inscritas en el correspondiente registro; las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales del denominado tercer sector que se desarrollen en el ámbito de los colectivos a los que aluden los artículos 39, 49 y 50 de la Constitución (infancia, tercera edad y discapacitados); o las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia firme, cuando la Administración sea beneficiaria5.
En definitiva, se aprecia que el RDL 8/2013 pretende acabar con la morosidad de las Administraciones tanto con los proveedores de naturaleza privada como con aquellas entidades dependientes de las propias Administraciones pero que, de acuerdo con criterios contables, tienen la consideración de sujetos privados a efectos de cómputo del déficit y la deuda6.

3. Requisitos
La operación de crédito a las entidades territoriales acogidas al mecanismo lleva aparejada, como en anteriores fases, determinados compromisos que las entidades territoriales deben asumir para acogerse al mismo.

El primero de ellos es la elaboración (o revisión si ya lo tuvieran aprobado) de un plan de ajuste en el que se contemplen las medidas necesarias para, en un escenario de estabilidad, hacer frente a las obligaciones derivadas del nuevo endeudamiento y que deberá ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Además, se exige para el acceso al mecanismo hallarse al corriente de las obligaciones de pago con el FFPP por compromisos adquiridos en el marco de fases anteriores del mecanismo. También se establece una limitación (el Ministerio podría imponerles medidas de ajuste adicionales) a las Entidades Locales pretendieran incluir en la nueva fase obligaciones por un importe del 70% de las concertadas en fases anteriores, pues parece entenderse que en ese caso se está alterando el sentido excepcional del mecanismo que estaría sirviendo como un medio de financiación ordinaria de la Entidad acogida en lugar de aplicar las medidas tendentes a lograr una situación financiera sostenible.

Como garantía clave del sistema vuelve a situarse la retención por el Estado de los ingresos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas o de las transferencias por la participación en los tributos estatales de las Entidades Locales, garantía de cobro cuya articulación bien podría extenderse a otros ámbitos de la gestión pública, pues facilitaría el acceso al crédito de los contratistas.

4. Plazos de aplicación del mecanismo
En la celeridad que ha venido caracterizando a las anteriores fases, el RDL 8/2013 establece un calendario, común para Comunidades Autónomas y Entidades Locales, de tan sólo dos meses, a lo que se añadirá el plazo necesario para la aprobación de los propios pagos de modo que se culminaría dentro del presente ejercicio, y previsiblemente en el tercer trimestre del año.
 
5. Acceso a información por subcontratistas
Puesto que la morosidad de la Administración se convierte en un problema para todas las empresas, y no sólo para los proveedores directos de la Administración, sino también de los subcontratistas de éstos, el RDL 8/2013 pretende que estos últimos no vean perjudicados sus intereses una vez que los contratistas principales han visto satisfecha su deuda.

En este sentido, el RDL 8/2013 incorpora un mecanismo de publicidad de los pagos, facilitando el acceso de los subcontratistas a la información sobre la inclusión de aquéllos en las relaciones certificadas de las obligaciones que envíen las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales y sobre la aceptación del pago por dichos proveedores, así como sobre la fecha en que la relación de facturas a pagar a éstos es enviada al ICO, a fin de facilitar el cobro de los créditospendientes de pago a los subcontratistas. En este sentido, además, se habilita a los proveedores a comunicar al FFPP los embargos que se hubieren acordado (art. 4).

6. Otras medidas extraordinarias para Entidades Locales
Junto con la ampliación del FFPP, el RDL 8/2013 incorpora una serie de medidas extraordinarias destinadas a mejorar la liquidez de determinadas Entidades Locales en situación especialmente crítica o a facilitar la amortización de su endeudamiento, y que abarcan desde el pago anticipado de la participación en los tributos del Estado, a la financiación, mediante la autorización de otra operación de crédito a largo plazo, del remanente negativo de tesorería para gastos generales de 2012, pasando por el fraccionamiento del pago de deudas con la Seguridad Social y la Hacienda Pública del Estado o la consolidación de deuda a corto plazo como deuda a largo plazo.

Varias de estas medidas se articulan a través de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, lo que sirve además como garantía, abundando en la idea más arriba apuntada del valor de esa articulación.

La aplicación de estas medidas extraordinarias, que habrán de incorporarse al plan de ajuste, se ve reforzada por la obligación de cumplimiento de diversas condiciones (establecidas en los artículos 26 a 31) tendentes a la reducción de gastos y al aumento de ingresos.

En principio, se prevé que la aplicación de las medidas indicadas afecte a 536 municipios (sin contar los que se adhieran de País Vasco y Navarra, que deberán suscribir un convenio específico), siendo el propio Ministerio de Hacienda quien decidirá a qué municipios se aplicará y cuáles de las medidas previstas se pondrán en marcha para cada uno, en atención a su particular situación financiera. Comunidades Autónomas y Entidades Locales, de tan sólo dos meses, a lo que se añadirá el plazo necesario para la aprobación de los propios pagos de modo que se culminaría dentro del presente ejercicio, y previsiblemente en el tercer trimestre del año.
__________________________________________________________________________
 
1 Aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2 Las anteriores fases ya comprendían a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como a las mancomunidades y a ciertos municipios de País Vasco y Navarra (bajo un convenio específico).
3 Sistema Europeo de Cuentas, aprobado por el Reglamento (CE) 2223/1996, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad.
4 La regulación actual ya estaba prevista para las Comunidades Autónomas en el Acuerdo 6/2012 del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012, publicado por Resolución de 13 de abril de 2012 (BOE 90, 14/04/12).
5 Sin embargo, quedarían excluidas, por ejemplo, las indemnizaciones debidas por las concesionarias de autopistas por el mayor importe reconocido de las expropiaciones, pues son éstas, y no la Administración las beneficiarias de la expropiación.
6 El empleo del criterio de la contabilidad pública resulta lógica, tanto para la determinación de aquellas entidades que pueden acogerse al mecanismo (las sectorizadas como Administración pública) como aquellas que, sectorizadas como sociedades, se relacionan con las anteriores, puesto que el propio FFPP computa en el balance del Estado, por lo que no se altera la cifra global de déficit, que es una de las mayores preocupaciones de la Administración en este momento.
______________________________________________________________________
Contacto: Gervasio Martínez-Villaseñor, Socio del Área de Derecho Público
+34 91 700 23 47 gmartinez@mva-asociados.com
  
 
Descargar pdf aquí
 
 

Compartir: LinkedIn

Copyright ©2018 MVA Asociados. Todos los derechos reservados.