MVA ASOCIADOS. Montalvo Villaseñor Abril

El debate sobre la configuración de una Oficina Pública de PPP en España: retos y aspectos fundamentales

2013-10-17
El panorama de las infraestructuras en España se encuentra en un proceso de cambio inexorable.

La parte más visible de dicho cambio es sin duda la problemática de las infraestructuras del transporte: concurso de las concesionarias de autopistas por incapacidad del repago de sus deudas, motivado por tráficos insuficientes y un elevadísimo coste de expropiaciones; aeropuertos sin viajeros o en franca disminución; infraestructuras ferroviarias claramente ineficientes y con serio riesgo de provocar un elevadísimo impacto en el déficit público; etc.

Sin embargo, a la vista de los errores cometidos en el pasado (promoción y licitación de infraestructuras sin sólidos planteamientos económicos, búsqueda de colaboración con el sector privado únicamente como forma de financiación a largo plazo, etc.), y también de los éxitos alcanzados (situación de nuestras infraestructuras equivalente al de países más desarrollados de nuestro entorno y que nos sitúan en mejor posición para una más rápida salida de la crisis, potentísimo sector de infraestructuras, altamente competitivo e internacionalizado) debemos poner unos y otros en la balanza, y tomar cierta perspectiva con los de otros países que también cuentan con experiencias desafortunadas (ejemplo significativo es el Reino Unido, pionero de las fórmulas de colaboración público-privada, que está en proceso de profunda revisión)

Desde tal perspectiva conviene también tener en cuenta la pujanza de otros sectores basados en infraestructuras (sanidad, agua, medio ambiente), así como del panorama internacional, con abundancia de fondos especializados en infraestructuras en busca de proyectos atractivos en que invertir. Ante esta nueva realidad serán precios ajustes y cambios en nuestro modo de actuar.

En el impulso y dirección de ese cambio se presenta como pieza clave la Oficina de PPP, organismo que desde dentro del sector público habrá de aglutinar los esfuerzos conjuntos del sector público y del sector privado en la articulación ordenada de los proyectos de infraestructuras que se promuevan en adelante, y que deben servir de impulso del crecimiento económico.
 
Desde MVA Asociados venimos colaborando y participando en el debate planteado por distintas instituciones (Foro PPP e Instituto de Empresa, entre otras) en el que los diversos agentes involucrados vienen haciendo sus aportaciones sobre la configuración y funciones de la citada oficina.

Recientemente, Gervasio Martínez-Villaseñor, socio del Área de Derecho Público de MVA Asociados, participó en el debate sobre la Oficina Pública de PPP organizado por el Club PPP del Instituto de Empresa (iE). Junto a Gervasio, actuaron como ponentes Juan Alfaro, Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), Miguel de la Fuente, Presidente de Foro PPP, y Adolfo Menéndez, de Uría&Menéndez, en el que se perfilaron los rasgos fundamentales de la Oficina PPP que se pretende crear y que pueden resumirse en los siguientes:

La Oficina de PPP debe realizar una intensa interlocución con el sector privado, compartiendo con sponsors y con financiadores los problemas que atañen a la colaboración público-privada, al sector en general y a cada proyecto en particular, procurando armonizar los intereses de todos para la consecución de un objetivo común.

- Debe asimismo compartir experiencias, sirviendo de vehículo de reflexión sobre los éxitos y los fracasos habidos hasta la fecha en esta materia y ser capaz, a partir de ellos, de estandarizar los procedimientos, elaborar guías y redactar pliegos generales que contribuyan a proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los futuros proyectos de infraestructuras.

- La Oficina PPP debe además realizar una labor de asesoramiento, fundamentalmente a Administraciones sobre la idoneidad de los proyectos que pretenden licitar, así como racionalizar el número y tipología de proyectos que se acometen en España, independientemente de la Administración (estatal, autonómica o local) que la promueva (y en su caso financie), buscando prioritariamente una racionalización global de las infraestructuras (y sus costes). En este sentido, sería bueno que la Oficina PPP pudiera emitir un informe al menos preceptivo (y, a ciertos efectos, vinculante) sobre cada concreto proyecto que pretenda acometerse.

Se trataría, en definitiva, de implantar un instrumento de intervención blanda capaz de poner un sello al proyecto que facilite su financiación, garantizando, al menos a priori, su adecuado encaje en el sistema general de las infraestructuras.

- Finalmente, la Oficina PPP debe ser un vehículo para la adecuada asignación de riesgos entre el sector público y el privado, buscando que cada parte asuma aquellos riesgos que puede gestionar de modo más eficiente y evitando una atribución basada en razones espurias (evitar el impacto en el déficit público, paliar la falta de fondos públicos suficientes) alejados de la viabilidad del proyecto en el largo plazo.

Parece haber acuerdo (así al menos sucedió en la jornada) en que la Oficina PPP debe ser íntegramente pública, discutiéndose aún las posibles alternativas de su concreto encaje en seno de la Administración.
 
También hay cierto consenso en que la Oficina PPP debería ser única. La idea es abrirla a la participación de las Administraciones y organismos con interés en las infraestructuras (Administraciones territoriales,INE, IGAE, Banco de España, etc.) que ayude a formar los criterios para el análisis o la configuración de los proyectos, pero manteniendo la capacidad final de decisión en la propia Oficina PPP, a fin de evitar el riesgo de una multiplicidad y disparidad de criterios que en gran medida han contribuido a llevar al sector donde hoy se encuentra.

Finalmente, debe destacarse la capacidad que tendría la Oficina PPP para aglutinar al sector español de las infraestructuras en su actuación exterior, constituyendo una plataforma de promoción internacional del sector, de las de las empresas que lo integran, y de la propia marca España.

En todo caso, la unánime, aunque quizá paradójica conclusión en estos tiempos de crisis, en los que la Administración debe, si no reducir su tamaño, al menos contener la creación de nuevos organismos y entes, es que la Oficina de PPP se revela como una necesidad insoslayable, y que se está trabajando, con la participación de todos los interesados, para que sea pronto una realidad en España, único país de nuestro entorno que aún carece de ella.
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Contacto: Gervasio Martínez-Villaseñor, Socio del Área de Derecho Público
+34 91 700 23 47 gmartinez@mva-asociados.com

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